La Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd) pidió ayer al procurador general de la República rectificar sus declaraciones contra la jueza que declaró la extinción de la acción penal del caso Bahía de Las Águilas, la cual Francisco Domínguez Brito calificó de “desastrosa y vergonzante”.
La directiva de la entidad, integrada por Yuderka Villanueva, presidenta; Nancy Salcedo, secretaria general, y los miembros Radarc Coronado, Federico Fernández y Aloides Matías, juzgan “extraña y sorprendente” las críticas del procurador en contra del tribunal que emitió la decisión.
El martes pasado, la presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gissell Méndez Álvarez, declaró la extinción de la acción penal seguida al exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, a su hermano Rafael, y a su esposa Reyna Margarita Martínez, bajo el alegato de que ha transcurrido el plazo máximo de duración del proceso, sin que haya intervenido sentencia definitiva e irrevocable al respecto.
La carta con la protestaLa Asociación envió una carta al jefe del ministerio público en forma de protesta por la divulgación pública de sus aseveraciones, a fin de que tenga la “oportunidad de rectificar su posición, ya que nos resulta extraña y sorprendente”.
Los jueces sostienen que si algo parece “desastroso y vergonzante” es porque alguien en la posición de jefe del ministerio público “ha utilizado tales epítetos frente a los jueces que han adoptado una decisión judicial en la que su institución tiene condición de parte”.
Expresan que no es la decisión judicial la que puede generar desconfianza en la ciudadanía, como alega el procurador, “sino que alguien en su posición emita tales juicios frente a unos magistrados que, por lo que hemos conocido, han dado un fallo explicando los fundamentos de lo decidido”.
“Nos parece que en tales circunstancias lo más honorable y saludable para el derecho de los ciudadanos es que las críticas se centren en lo correcto o incorrecto de lo decidido a partir de sus fundamentos, y no exponer a los jueces a la desconsideración pública, tanto personal como de la institución a la que prestan servicio”, aducen.
Señalan que la entidad fue creada para defender los intereses de los jueces y juezas y el Estado de derecho “como uno de los valores permanentes de nuestra organización social, jurídica y política”.
Por: Ramón Cruz Benzán, Listin Diario
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