A los empresarios Joan Silverio Ureña y Bonel de Jesús Lanfranco (Bonelly) les encontraron elementos de pruebas que lo vinculan en los crímenes, según decisión de la magistrada Águeda García, quien acogió la solicitud del Ministerio Público.
Ambos imputados presuntamente pagaron una gran suma de dinero al primer teniente de la Policía Nacional Fernando de los Santos “La Soga” para cometer el hecho.
Mientras que parientes de los jóvenes que aparecieron ejecutados en la presa de Tavera esperan que todo el peso de la ley caiga contra los responsables del doble crimen.
La Soga, quien en las filas policiales se dedicaba a busca delincuentes, ahora pasa a ser uno de los más perseguidos por el organismo, quien calificó como una mala decisión del agente él no aceptar el llamado de entregarse.
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