MIAMI (AP) — Un residente del sur de la Florida acusado de haberse asociado con dos militares venezolanos para enviar ilegalmente partes de aviones militares a la fuerza aérea de la nación sudamericana deberá comparecer la próxima semana ante un juez federal de Estados Unidos.
Kirk Drellich, de 49 años, está acusado junto con Alberto Pichardo, Freddy Argüelles y Víctor Brown de haber transgredido la ley que controla la exportación de armas, de acuerdo con documentos judiciales.
Pichardo fue un militar venezolano y estaba encargado de supervisar en Estados Unidos la compra de armas para su país, mientras que Argüelles es un ex piloto de la fuerza aérea de Venezuela, indican las acusaciones presentadas por la fiscalía.
La comparecencia de Drellich el 3 de julio tendrá lugar luego de que los otros tres acusados se presentaron el martes ante la magistrada federal Alicia Otazo-Reyes para escuchar las acusaciones formales que enfrentan.
Las partes estaban destinadas a aviones de combate F-16, OV-10 Broncos, Tucanos y helicópteros Super Puma, indicó la acusación de la fiscalía federal.
Los fiscales dijeron que los acusados no obtuvieron una licencia de exportaciones requerida por el Departamento de Estado antes de realizar los envíos y violaron el embargo impuesto por Estado Unidos a las ventas de armas a Venezuela.
Drellich y Argüelles, que residen en una ciudad ubicada al noroeste de Miami, enfrentan una acusación de asociación ilícita cada uno. En caso de ser declarados culpables podrían ser condenados a un máximo de cinco años de cárcel y una multa de 250.000 dólares.
Pichardo --que vive en otra ciudad al noroeste de Miami-- enfrenta dos acusaciones de asociación ilícita para violar la ley de Control de las Exportaciones de Armamento y otras dos acusaciones de haber violado la misma ley.
Si fuera encontrado culpable, enfrentaría una pena máxima de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares por cada uno de los cargos de conspiración. También podría ser condenado a un máximo de 10 años de prisión y multas de hasta un millón de dólares por cada acusación de transgresión de las normativas legales.
Brown, en tanto, está acusado de asociarse ilícitamente para violar la ley Control de las Exportaciones de Armamento y enfrenta también otros 18 cargos de haber transgredido esa normativa. Podría enfrentar una pena de hasta cinco años de cárcel y una multa de 250.000 dólares por las acusaciones de asociación ilícita; y una condena de hasta 10 años de prisión y un millón de dólares de multa por cada acusación de violación a la ley.
Drellich era propietario de la empresa SkyHigh Accesories, dedicada a la compra y venta de partes de aviones, y junto con Brown y Pichardo recibía pagos de otras personas que residían en el exterior por los artículos enviados a Venezuela, indican las acusaciones.
Entre noviembre de 2008 y agosto del 2010, algunas personas no identificadas por la fiscalía que residían en Venezuela y España, alertaron a Brown y a Pichardo sobre los artículos de defensa que la fuerza aérea venezolana quería comprar, de acuerdo con los documentos presentados por la fiscalía.
Drellich era el encargado de suministrarles esos artículos, mientras que Brown y Pichardo se ocupaban de enviarlos a Venezuela.
En noviembre del 2008 y febrero del 2009, Brown habría viajado desde Miami a Madrid para reunirse con algunas otras personas que participaron en la asociación ilícita, según la acusación.
Los documentos ofrecen detalles de los artículos que Drellich suministró a sus socios a partir de septiembre de 2009, incluyendo el número de serie de las partes.
La normativa que habrían transgredido los acusados, vigente desde el 2006, prohibe a los fabricantes de armamentos vender equipos militares a Venezuela si incluyen partes con tecnología de Estados Unidos.
La medida fue impuesta ante la negativa del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez de participar en la lucha contra el terrorismo.
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Gisela Salomón está en Twitter como http://www.twitter.com/giselasalomon
Por | Associated Press
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