El viaje de Benedicto XVI fue una ocasión para que el mundo tomase nota de la incurable manía represiva del régimen cubano. La UE es la principal esperanzapara ese pueblo y su derecho a vivir en democracia
En la reciente visita del papa Benedicto XVI a Cuba se pudo comprobar lo señalado en el último informe anual de Human Rights Watch, donde se destacaba que en 2011 el gobierno de Raúl Castro "recurrió progresivamente a arrestos arbitrarios y detenciones por períodos breves para restringir derechos fundamentales de sus críticos, incluido el derecho a reunirse y circular libremente".
Asimismo, el Centro de Información Hablemos Press había reportado en febrero pasado que "con el comienzo del nuevo año 2012, la represión del régimen cubano contra los disidentes, blogueros, periodistas independientes y activistas por los derechos humanos, no cambia; incluso se intensifica aun cuando se espera la visita del Papa Benedicto XVI, en marzo del presente". El reporte denunciaba una intensa represióndurante el mes de enero que dejó la cifra de 428 arrestos por motivos políticos.
Como pudo apreciarse, entre el 24 y el 28 de marzo pasado la dictadura cubana implementó una "marca personal" sobre cada opositor pacífico. Muchos fueron detenidos y otros impedidos de salir de sus domicilios. Y cuando hubo alguien que hizo oír su solitaria voz opositora ante la multitud reunida en Santiago de Cuba, fue inmediatamente detenido y en forma cobarde agredido por un simpatizante del pensamiento único que llevaba... ¡una chaqueta de la Cruz Roja! Todo un símbolo de la intolerancia que ha propagado esta dictadura.
¿Habrá tomado nota la comunidad democrática internacional de la incurable característica represiva del régimen cubano? Al respecto, estando muy clara la continua y vergonzosa complacencia de los gobiernos latinoamericanos hacia la dictadura de partido único de Cuba y, en el resto del hemisferio, la llamativa inacción humanitaria de una ejemplar democracia como la canadiense, que aporta importantes inversiones -es decir, ingresos al régimen- y nada menos que la mitad de los dos millones de turistas que viajan anualmente al "paraíso castrista", y el conflictivo papel norteamericano; la principal esperanza para los demócratas cubanos y el derecho de su pueblo a vivir en democracia depende, fundamentalmente, de la Unión Europea (UE).
Han pasado quince años desde que la UE se fijó como objetivo en sus relaciones con Cuba "favorecer un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como una recuperación y mejora sostenibles del nivel de vida del pueblo cubano".
Sin embargo, desde el 2 de diciembre de 1996, fecha en se estableció la Posición Común Europea, se registraron algunos hechos de claros retrocesos en materia de derechos humanos en Cuba: en 1999 se sancionó la ley 88, conocida como "mordaza" y utilizada en marzo de 2003 para encarcelar a 75 opositores pacíficos; se aplicó la pena de muerte a tres mulatos, tras juicio sumario, por un delito menor; se crearon nuevas normativas penales de carácter represivo, desde el "asedio al turismo" hasta la orwelliana tipificación de la "peligrosidad social pre-delictiva"; más de un centenar de opositores y sus familias fueron víctimas del exilio forzado; y la muerte de dos presos políticos que realizaban huelgas de hambre, Orlando Zapata Tamayo y Wilman Villar.
Antes de arribar a Cuba, el Papa Benedicto XVI expresó la necesidad de buscar nuevos modelos para reemplazar el marxismo, lo cual fue respondido en una rueda de prensa por el vicepresidente cubano Marino Murillo: "En Cuba no va a haber una reforma política, en Cuba estamos hablando de la actualización del modelo económico cubano, que haga nuestro socialismo sustentable y que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo".
La Unión Europea debería tomar nota del cerrado e intransigente bloqueo del régimen cubano a todo lo que implique apertura política. Además, teniendo en cuenta que Murillo es uno de los encargados de la reforma económica que impulsa Raúl Castro y que la política comunitaria adoptada en 1996 mencionaba entonces "el intento de apertura económica emprendido en Cuba hasta el momento", es muy evidente que en la práctica la apertura económica es muy lenta y que la misma no implicará cambios políticos.
En consecuencia, la UE tendría que hacer valer su institucionalidad en la Isla, mediante un efectivo y permanente diálogo con todos los sectores de la sociedad cubana a fin de alentar el respeto de los derechos humanos, así como avances concretos hacia una democracia pluralista. Y al mismo tiempo, recordarles a las autoridades cubanas, tanto en público como en privado, las responsabilidades fundamentales respecto a los derechos humanos, en particular la libertad de expresión y asociación.
Como mínimo, los países de la UE tienen que hacer en Cuba lo mismo que en el resto de los países en los cuales tienen embajadas: brindar reconocimiento a los integrantes de la sociedad civil y abrirles sus puertas.
Y si bien la dictadura cubana considera a los grupos opositores como "ilegales", esto es algo que las democracias europeas de ninguna manera pueden aceptar y mucho menos renunciar a su soberanía al cerrarle la puerta de su territorio -que son sus embajadas- a quienes piensan distinto al régimen de partido y pensamiento único de los hermanos Castro.
(*) Gabriel C. Salvia es compilador del libro Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba: De la Primavera Negra a la liberación de presos políticos (Fundación Konrad Adenauer, México/CADAL).
infobae.com
Crédito foto: Reuters
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