Impuesto único a la corrupción

Como las llamadas reformas tributarias constituyen la vía más fácil para equilibrar el presupuesto y dado que si esa fuera la intención real del gobierno nadie podrá evitarlo, se me ocurre una solución alternativa al Congreso en la eventualidad de que llegara a estar nuevamente en la mente de algún burócrata. Con ella se evitaría gravar más a los sectores productivos, sin afectar los ya  mermados ingresos familiares, garantizándole al fisco un ingreso adicional de más de 500 millones de dólares, para que siga la francachela.

Mi propuesta es la creación de un impuesto único del 25% a la corrupción. El cálculo de este gravamen, equivalente al actual que se le impone al salario, a los ingresos de las personas y a las utilidades de las empresas, partiría de lo afirmado hace cerca de una década por el actual presidente desde la tribuna de la oposición. En aquella oportunidad, el hoy presidente estimaba el costo de ese flagelo en unos 35 mil millones de pesos al año.

Dado que teóricamente la corrupción crece pareja con la economía, el cálculo debería estar, conservadoramente, en unos 75 mil millones de pesos anuales, más de cien mil millones, según el DPCA. A la tasa actual del mercado cambiario, el cobro de ese tributo sería de unos 20,000 millones. De manera pues que la incorporación a la economía formal de la malversación, el tráfico de influencia y otros delitos conexos, generaría recursos suficientes para evitar que la gula fiscal continúe  en el futuro castigando los bolsillos de los contribuyentes.

El único problema radica en la oposición que probablemente la iniciativa encuentre en el Congreso y en influyentes instancias del gobierno central, por aquella máxima marxista de que ninguna clase de suicida, a excepción, claro está,  de la empresarial nuestra siempre afilando cuchillo para su garganta. Esa ley haría de la corrupción una aliada del progreso.
Miguel Guerrero
La Columna de Miguel Guerrero
El Caribe

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