Alabama estrena este jueves una agresiva ley contra la inmigración ilegal, la más dura en su tipo en Estados Unidos, que criminaliza a los indocumentados y autoriza a las escuelas a verificar el estatuto migratorio de sus alumnos cuando se matriculan.
La ley conocida como HB 56 "es como la de Arizona pero con un sabor de Alabama", dijo a la AFP Andre Segura, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), parafraseando a los legisladores que aprobaron el texto en un estado conocido por impulsar medidas estrictas de alto costo social.
Segura calificó de "mucho peor" esta nueva ley en comparación con la de Arizona (suroeste), que en 2010 propuso por primera vez en el país criminalizar a los indocumentados, levantando una condena nacional e internacional.
Además de declarar en el estado la inmigración ilegal como delito, penaliza el transporte o alojamiento de indocumentados.
La ley empezó a aplicarse este jueves de forma parcial, pero la policía tiene la orden para actuar, dijo a la AFP Joy Patterson, portavoz de la fiscalía general de Alabama (sureste).
Un fallo emitido el miércoles por la jueza de distrito Sharon Blackburn mantuvo las partes más polémicas de la ley que tres demandas presentadas por separado entre julio y agosto habían pedido eliminar, al considerar que contravenían la legislación migratoria federal.
Estas demandas rechazadas fueron presentadas por el gobierno de Barack Obama, una coalición de iglesias y el ACLU.
ACLU presentará este jueves ante la corte de distrito de Alabama una serie de recursos para apelar la ley y detener su aplicación, aún a pocas horas de haber entrado en vigor, explicaron sus portavoces.
"Prometí durante mi campaña una dura ley contra la inmigración ilegal y ahora la tenemos", dijo el republicano Robert Bentley, gobernador de Alabama desde enero de 2011.
"Si el gobierno federal hubiera hecho su trabajo de aplicar sus propias leyes de inmigración, no hubiera necesidad de que Alabama u otros estados aprobaran una ley como esta", dijo desafiante el gobernador.
La ley es una pésima señal para los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, y en especial para los 130.000 que residen en Alabama, según estimaciones del Centro Tew Hispanic, el principal instituto de estudio de la comunidad hispana en el país.
Para el ACLU el fallo del miércoles fue "equivocado porque ahora tenemos una ley que deja la puerta abierta a muchas interpretaciones de los oficiales de turno".
El punto de autorizar la verificación del estatuto migratorio de los alumnos de escuelas públicas, de primaria y secundaria, "especifica que es cuando se matriculan, y en Alabama los niños se matriculan una sola vez en la educación pública, pero el fallo deja abierta la posibilidad de que el estado pueda pedir matrículas anuales", según Segura.
En cualquier caso, el riesgo es que muchos niños dejen de ir a la escuela porque sus padres son indocumentados.
Entre otras controversias, figura una disposición para que la policía detenga sin derecho a fianza a presuntos inmigrantes indocumentados y otra que considera delito menor el que un residente ilegal no tenga prueba de residencia.
La policía puede proceder a intercambiar información con la oficina de inmigración si detiene a una persona por una infracción o delito y el infractor no tiene papeles que confirmen su residencia legal en Estados Unidos: sea licencia de conducir, pasaporte con visa vigente o tarjeta de residencia.
"Pero hay miles de ciudadanos con permanencia legal en Estados Unidos -obviamente en Alabama también- bajo estatutos de asilo político, refugiados o protección especial por ser víctimas de crímenes, que no tienen este tipo de documentación consigo", explicó Segura.
La disposición también puede perjudicar a los estudiantes indocumentados que el gobierno se comprometió el mes pasado a no deportar, porque abre las puertas para que puedan ser detenidos por cualquier infracción y terminen en las oficinas de inmigración.
"El hecho de que la policía llame a (la agencia de) inmigración cuando esté frente a un caso 'sospechoso' podría conllevar al menos 80 minutos de detención en la calle de una persona, solo para verificar su estatuto migratorio", indicó el abogado.
"Es una ley horrenda y un fallo escandaloso", dijo Frank Sharry, director ejecutivo de la fundación America's Voice Education, calificando la ley de "absurda y discriminatoria".
Ali Noorani, director del Foro Nacional de Inmigración, lamentó que "Alabama siga haciendo historia tomando caminos errados".
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